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Medellín, Colombia, Un modelo de ciudad para el negocio, no para las gentes

Medellín, Colombia, Un modelo de ciudad para el negocio, no para las gentes

Avenida Oriental sin las absurdas y ambientales pirámides.. Foto: Facebook.com

La forma en que se está promoviendo la venta del centro de la ciudad de Medellín, la segunda más poblada de Colombia, bajo la consigna del crecimiento hacia adentro y en altura, entregando folletos del Departamento de Planeación Municipal y la Empresa de Desarrollo Urbano, con los planos de las intervenciones en marcha, sin una elaboración consensuada y concertada con las comunidades originarias afectadas, merece un amplio debate.

Medellín, Colombia, Un modelo de ciudad para el negocio, no para las gentes

Ciudadela Nuevo Occidente. Foto de: www.medellin.gov.co

Documentos no masivos y previamente concertados con grandes empresas inmobiliarias y constructoras, con su exclusiva visión de cómo debe quedar urbanizado el centro de Medellín y barrios aledaños, muestran que de lo que se trata es de afianzar un modelo de ciudad para el negocio, no para las gentes.

Se señala sin ambigüedades que la gentrificación o reconstrucción de la ciudad por cuenta del sector privado, busca acomodar población de mejores recursos económicos que puedan asumir los altos costos comerciales y de vivienda en desmedro de la población de menores recursos, que debe desplazarse hacia otros lugares de Medellín.

Medellín, Colombia, Un modelo de ciudad para el negocio, no para las gentes

Barrio Olaya 1. Cuenca La Iguana. Foto: Junta Cívica

La meta de renovación urbana que persigue acomodar 400 mil nuevos residentes en las futuras construcciones que se edifiquen (vivienda suntuaria y centros comerciales) en barrios como San Benito, Chagualo, Estación Villa, La Candelaria, Colón, Jesús Nazareno, Villanueva, Sevilla, Boston, Prado Centro, entre otros, donde actualmente residen 110.000 habitantes, significaría el desplazamiento y desalojo de la gran mayoría de actuales moradores, sin que exista garantía alguna de provisión suficiente de vivienda de interés social en las zonas a intervenir y que sea adecuada en términos de seguridad jurídica, económica, espacial, social y ambiental (Artículo 51 de la Constitución Política y Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales, Culturales y del Ambiente).

Todo indica que no se tienen previstas las cargas urbanísticas que este nuevo poblamiento generará en la disponibilidad de servicios públicos y las consecuencias ambientales ni están claramente definidas las compensaciones urbanísticas (parqueaderos, malla vial, zonas verdes, arborización), pues éstas han sido modificadas para que los grandes urbanizadores las compensen en dinero y obtengan de la mano de la administración local la mayor plusvalía posible, a cambio de los enormes recursos fiscales que recaudaría por cuenta del impuestos predial y de industria y comercio, principalmente.

Nos preocupa que la nueva oferta de vivienda y comercio en estos lugares sea un privilegio de los compradores de altos ingresos de fuera de Antioquia y del extranjero, tal como sucede con los desarrollos habitacionales en El Poblado, cuya población pasó en 10 años de 170 mil a casi 500 mil habitantes, La Loma de Los Bernal y Laureles, es otro ejemplo, donde los residentes consuetudinarios y locales cada vez son menos.

Nos preocupa que se venda el centro de la ciudad al mejor postor y se impulse su ocupación masiva, sin consideración con la población local, permitiendo normativamente que el sector inmobiliario se apropie del 51% de los predios afectados por la renovación urbana, utilizando compradores anónimos, que están desplazando por motivos socio económicos a gran parte de los moradores (se han reducido en zonas céntricas los habitantes dando campo a actividades comerciales temporales, mientras los promotores urbanos pri9vados adquieren el porcentaje necesario para comenzar la renovación) y quienes van quedando sin mayoría para oponernos o exigir equidad y reasentamiento en sitio, entonces se ven sometidos a la expropiación administrativa y al desalojo forzoso. En realidad, sentimos que ya se inició este proceso hace varios años y por este motivo barrios enteros se encuentran tan deteriorados.

No nos atrevemos a vaticinar la nada halagüeña consecuencia de atraer otro millón de personas de fuera del Valle de Aburrá y del exterior, al pasar Medellín de 2.500.000 a 3.500.000 habitantes, anunciada por Camacol (agrupadora del sector de la construcción) en el marco del pacto firmado con el Área Metropolitana hace poco (El Colombiano, abril 4 de 2017), para que sigamos respirando el peor y más contaminado aire que tenemos en  el país. Recordamos la emergencia ambiental por la alta contaminación, principalmente vehicular es algo serio que pone en entredicho este modelo urbano insostenible y que los gases de efecto invernadero (CO2 y otros) sobrepasó en diciembre de 2016, las 400 partes por millón en promedio en la atmósfera terrestre, que es el doble del registrado a comienzos de 1900. Pero lo más grave es que a la fecha de hoy este porcentaje alcanzó las 405 partes por millón.

De continuar este modelo de ciudad para el negocio y no para la vida en Medellín, seguiremos contribuyendo con mayores cuotas de cemento y gasolina al calentamiento y cambio climático globales. Por lo cual y además, las medidas de contingencia tomadas esta semana para mitigar los niveles contaminación de la ciudad son necesarias pero insuficientes y todos debemos participar para disminuirla con acciones más radicales y permanentes.

Si la política pública de protección a moradores permite la continuación de estos riesgos tangibles para la supervivencia y de despoblamiento de habitantes originarios y residentes actuales para encaramarnos en las pendientes citadinas, entonces se trata de una política pública de desprotección a moradores, con la que no estamos de acuerdo. Por eso esperamos que se incorporen nuestras inquietudes y sugerencias para sentirnos consultados y representados.

Gran parte de los participantes en estos talleres y otros escenarios (Plan Parcial del Centro, Organizaciones Sociales, Transversalidades La Iguaná y Santa Elena), hemos sido enfáticos en afirmar nuestra posición de mejorar nuestras condiciones de vida, vivienda y trabajo para nosotros, nuestras familias y nuestros vecinos y de participar y contribuir con una ciudad más segura, amable, incluyente, participativa, solidaria y en paz.

Pero con esta visión de ciudad que se ofrece, jamás será resuelto el déficit cuantitativo ni cualitativo de morada de los habitantes de los sectores más desfavorecidos y seguirá incrementándose el cordón de miseria y de vivienda precaria en la periferia de Medellín.

Otros casos de moradores a proteger:

A continuación presentamos los casos que solicitamos sean incluidos como moradores objeto de protección dentro de la Política Pública de Protección a Moradores y a Actividades Económicas y Productivas (PPPMAEP) y que no contempla el estudio de la Universidad Nacional o no están claramente definidos:

a) Moradores afectados por las obras públicas para que se les garantice el mejoramiento de sus barrios, de sus viviendas, de sus medios de vida, y paralelamente se realicen las obras complementarias y no pase lo sucedido con los habitantes de la cueca La Iguaná, que soportaron la construcción de 4.1 kilómetros de conexión vial, y todavía no han recibido  todas las obras prometidas.

b) Moradores afectados por proyectos urbanísticos, como el caso de los habitantes del barrio La Cascada, cuyos propietarios esperan todavía la recuperación total del sector, con obras e intervenciones recomendadas por el Dagrd desde el 2012, que conjuren los riesgos causados por las omisiones generadas en la construcción de la Ciudadela Nuevo Occidente, y hoy están a las puertas de un desalojo masivo.

c) Moradores de los nuevos complejos habitaciones desarrollados en la Ciudadela Nuevo Occidente, gran parte provenientes de procesos de reubicación de otras zonas de la ciudad, que presentan graves deficiencias urbanísticas y de construcción, documentadas en estudios geotécnicos del propio Dagrd y que todavía no encuentran solución oportuna y adecuada.

d) Moradores en situación de desplazamiento a la espera de la entrega de sus viviendas VIP y VIS y aquellos que no obstante resultar favorecidos con vivienda gratuita, no les ha cumplido el ISVIMED ni el Ministerio de Vivienda, pese a realizar entregas masivas y publicitadas, como el caso de los beneficiarios de la Urbanización El Socorro.

e) Moradores de edificios construidos sin el cumplimiento de las normas urbanísticas por parte de  promotores privados, que le hacen “conejo” al gobierno y a los compradores al licenciar sus proyectos como VIP y vender a los precios más altos VIS. Constructores que incumplen con la entrega cabal de los apartamentos, se declaran en bancarrota y dejan sin legalizar las escrituras. Este tipo de moradores requiere asistencia y acciones del Estado para garantizar la seguridad jurídica de sus viviendas. Es el caso del Conjunto Residencial Altos del Rosario (Villa Hermosa) y los proyectos Madre Laura y Torres del Este (AND Medellín, 27 de Marzo de 2017), posibles falsas viviendas VIP.

f) Moradores en zonas de riesgo, que se encuentran a la espera de una oportunidad de vivienda en programas oficiales y garantizar el mejoramiento de sus condiciones de vida.

g) Moradores morosos del sistema financiero por razones socio económicas, que enfrentan procesos ejecutivos de resolución de contratos.

h) Moradores que han expresado sus problemas de garantía plena de su derecho a la vivienda y a la ciudad, en las sesiones de los talleres de la Universidad Nacional.

i) Moradores que enfrentan procesos administrativos por mora en el pago del impuesto predial, incluyendo la cartera morosa de imposible cobro de las sedes de las Juntas de Acción Comunal.

j) Moradores en condición de inquilinos, ante la carencia de normas que protejan sus derechos de estabilidad y permanencia, y a que sean encuestados previamente dentro de los proyectos habitaciones que se desarrollen dentro de los planes de renovación urbana.

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