Home » Noticias » Habitantes de Europa » Jornada “Etxebizitza Eskubidea – Derecho a la Vivienda”, Bilbao

Mostra/Nascondi il menu

Jornada “Etxebizitza Eskubidea – Derecho a la Vivienda”, Bilbao

El Foro de Vivienda de Euskadi – ETXEBIZHITZA ha organizado el próximo lunes, 10 de noviembre, una jornada bajo el título ‘Etxebizitza Eskubidea – Derecho a la Vivienda’ en el Centro Cívico San Francisco, en Bilbao.

En ella intervendrán expertos en materia de vivienda:

- Miloon Kothari, Relator Especial de la ONU sobre Vivienda Adecuada;

- Cesare Ottolini, Presidente de la Alianza Internacional de Habitantes;

- Elías Trabada, sociólogo y autor del estudio “Panorámica de la juventud de Euskadi: análisis de los principales indicadores”

- Javier Burón, Viceconsejero de Vivienda del Gobierno Vasco

El Foro de Vivienda de Euskadi – EtxebizHitza es formado por un total de diez colectivos.

La Vivienda, fuera de la lógica del mercado

Por Igor Mera, Consejo de la Juventud de Euskadi, Euskadiko Gazteriaren Kontseilua

Llevamos varios meses en los que las noticias sobre la crisis económica son seguidas por constantes informaciones sobre la bajada de precios de los pisos, las dificultades por las que están pasando las promotoras e inmobiliarias, la desacelaración e incluso la deflacción del PIB,… Poco se habla, sin embargo, de las dificultades reales de este momento que estamos sufriendo. Personas sobre endeudadas a las que las constantes subidas del euribor les ahogan más mes a mes, personas con necesidad de cambiar de casa que se ven entrampadas al no poder vender, jóvenes que ven hoy más lejos que nunca la posibilidad de emanciparse,… Por lo que parece la fiesta del ladrillo se ha terminado, pero ¿Quién los platos rotos? Si miramos al pasado e interpretamos lo que está aconteciendo nos queda meridianamente claro.

Quien controla la agenda tiene la capacidad de generar una determinada forma de ver las cosas. Así, lo que ahora de verdad importa es que la hormigonera vuelva a funcionar a buen ritmo, que las hipotecas vuelvan a fluir y que quienes siempre se “forraron” lo vuelvan a hacer por encima del 15 o el 20%. Importa, precisamente, volver a la normalidad del mercado. Poco se repara en que ha sido la normalidad de ese mercado la que nos ha traído esta situación.

Y es que esta crisis inmobiliaria no es resultado ni de la excesiva regulación del mercado hipotecario ni del inmobiliario, no está asentada sobre la escasez del suelo ni sobre las trabas burocráticas. Alto y claro, es la lógica de funcionamiento del mercado la que la ha generado. “Cuando las barbas de tu vecino veas pelar,….”. Eso parece que es lo que comenzaron a hacer quienes controlan el mercado financiero. Visto el desaguisado que las sub-prime organizaron en EE.UU. el pánico empezó a fluir, y claro, llegó al estado español.

La sobrevaloración especulativa del precio de las viviendas y los altísimos ratios de endeudamiento hipotecario eran terreno abonado para que la subida de los tipos hiciera lo que tenía que hacer, a saber, frenar el ritmo de las ventas provocando una reacción en cadena. El culpable en este caso (en casi ninguno de los conocidos) no es el estado y sus regulaciones, sino el mercado y su lógica. De hecho, tal y como venimos denunciando desde hace mucho, en el estado español la vivienda siempre ha sido un bien al servicio de la expansión del mercado. Nunca se ha tenido la osadía de poner límites a las ansias de plusvalía de la oligarquia, y ahora se pagan las consecuencias de la bulimia especulativa.

Cuando el empresariado está pidiendo inyecciones de dinero multimillonarias para reactivar el sector de la construcción, y que vuelvan las vacas gordas, tenemos que reclamar otro modelo de economía y en particular otra forma de hacer política de vivienda. Si el libre mercado, además de no funcionar tampoco ataja las necesidades sociales habrá que empezar a pensar en alternativas. En materia de vivienda la alternativa, la que tenemos la mayoría de las organizaciones sociales, está muy clara: desmercantilizar el derecho. Esto es, sacarlo de la lógica del mercado e introducirlo en la lógica del servicio público.

Llevamos muchos, demasiados, meses esperando la llegada del proyecto de ley vasca de vivienda al parlamento de Gasteiz, y esa es, entendemos, la gran oportunidad para avanzar en la garantía pública de la humana necesidad de techo. Elevándola de su estatus actual al de derecho exigible, las administraciones deberían sentir más el apremio por hacer una política de vivienda proactiva. Derecho que ha de ser individual, incondicional y sin plazos de moratoria. Llevamos muchos años de retraso y muchos miles de millones de euros que han terminado en manos de demasiada poca gente como para prolongar por más tiempo la situación.

Si la excavadora y la hormigonera aún tienen hambre de territorio virgen, tenemos que levantar un muro de sensatez y poner freno a este sinsentido. Con un parque de viviendas vacías e infrautilizadas que supera las 100.000 unidades y miles de viviendas que necesitan rehabilitación, la prioridad no puede ser seguir construyendo. La futura ley debería implementar medidas que fomenten la salida al mercado de alquiler de las viviendas que permanecen vacías, pero también tendrá que desarrollar medidas que desincentiven la posesión de estas casas que funcionan como tapón especulativo en el mercado. Cuando el individual derecho a la propiedad pone freno a los, también individuales derechos sociales de miles de personas, como sociedad estamos obligados a dar un paso al frente. Necesitamos de más pedagogía social y de menos maximalismos. Darnos cuenta de que si miles de viviendas compradas como segundas residencias o como producto de ahorro por otras tantas personas son uno de las causas del inmobiliario, y hay que actuar sobre ellas.

Hasta hace varios meses la vivienda VPO era la bestia negra del sector de la construcción y de la promoción inmobiliaria. La vivienda pública era la culpable de todos los males inmobiliarios. Ahora, sin embargo, reclaman para si la construcción de VPO como solución de las necesidades de alojamiento. La VPO ha sido un producto en las sucesivas crisis inmobiliarias que ha asolado al mercado; en momentos de vacas gorgas se gana con la vivienda libre y cuando vienen las flacas de mantiene el negocio con la de protección. Ante esto, una vez más tenemos que defender la vivienda pública en alquiler y creemos que la ley vasca de vivienda debería hacer una apuesta clara en esta línea. Si apostamos por la vivienda como derecho y servicio público la adjudicación de las mismas en alquiler es lo más adecuado. En primer lugar porque responde al principio de universalidad, esto es, porque con un mismo servicio se puede hacer frente a distintas necesidades y distintas realidades sociales. Viviendas públicas en alquiler con rentas adaptadas a capacidad financiera de cada persona, casas que se adaptan a necesidades cambiantes, que posibilitan una mayor movilidad,… En segundo, porque desde la lógica de lo público es la manera más justa de adjudicar un recurso común. Se concede el uso de un bien público y no su posesión a la par que la administración siempre mantiene la propiedad del suelo y no pierde el control del bien. Por último, desde la necesidad de construir sociedades cada vez más inclusivas, es imprescindible no generar distintos servicios para distintos niveles de renta. El actual modelo de vivienda pública es segregador (viviendas sociales para las personas pobres, VPO para clase media-baja y tasadas para la clase media-alta) imaginemos que la sanidad funcionase así, ¿Nos resultaría tolerable?

Con el fin de contribuir a ese necesario debate, hemos organizado una jornada en Bilbao (Centro Cívico de San Francisco) el próximo día 10 de noviembre. Los ejes de la misma son precisamente, el derecho a la vivienda, el parque público de alquiler y la movilización de vivienda vacía. Unos ejes que esperamos que sean trasladados de manera adecuada a la futura Ley Vasca de Vivienda. Aún estamos a tiempo.

Relator de Naciones Unidas pide "controlar el endeudamiento" al comprar una casa y que se atienda a los desfavorecidos

Foro social insta a los alcaldes a que redacten "ordenanzas anti-desalojos"