Basta con alejarse un poco del microcentro porteño o de las ciudades cabeceras de los partidos del conurbano para notar que el déficit habitacional es una realidad marcada a barro, chapa y cartón en villas y asentamientos. Basta con tomar el tren en Retiro –a metros, del hotel Sheraton y la Villa 31– y bajar en la estación de José León Suárez –a tres cuadras del asentamiento 13 de Julio– para comprobarlo. Hasta allí llegaron representantes de organizaciones de vecinos de asentamientos y villas de todo el país, docentes universitarios embarrados en el tema y representantes del Poder Legislativo, todos reunidos por la Red Hábitat Argentina para celebrar el Día Mundial del Hábitat. Los académicos acercaron un “manual de urbanismo” a los vecinos, los asistentes de senadores y diputados sumaron firmas para el proyecto de ley Marco de Hábitat Social y los vecinos intercambiaron experiencias de cara a las asambleas regionales preparatorias para la Asamblea Mundial de Pobladores y a la espera de que su experiencia sea escuchada por el Estado para atacar el problema.

Una vez en la estación José León Suárez se camina bordeando las vías por la calle San Martín hasta que el cemento se convierte en barro y la calle tiene su fin frente al arroyo que lleva el nombre de la ciudad. En la orilla, con más basura que agua, aparecen las primeras casillas, con más habitantes que espacio disponible. Barro, gallinas, carros y caballos más adelante, el cauce del canal dobla y el terreno sobre el que están las casillas se amplía en dos o tres filas desordenadas. En medio, la pequeña casa fundadora del 13 de Julio es la de la hija de Estela Belizan, que en 2005 llegó a buscar un lugar para que su nieta crezca. Estela es la anfitriona del encuentro de vecinos y académicos y no tarda en repartir gaseosa a los que hablan sobre el parquecito y casitas de ladrillo con techo a dos aguas.

“La población del barrio está compuesta por familias jóvenes que en su mayoría sobreviven del cartoneo. Hace seis meses conseguimos que nos instalen la luz con un medidor comunitario que paga el municipio (de General San Martín), aunque la gente quiere tener un medidor propio y pagar, pero al no estar organizada la división de lotes no se puede”, explicó Estela a un vecino patagónico, integrante de la Mesa de la Tierra en Bariloche. La reunión se hace en el patio, ubicado detrás del Ceamse y al costado de los galpones de la ex línea Mitre.

Norberto Rodríguez explica lo que pasa en el sur del país. “En Bariloche, ya no quedan tierras fiscales. Todo está vendido. Entonces, el gobierno no tiene tierras para entregar y la gente toma terrenos privados, lo que provoca tensión en los vecinos que años atrás tuvieron que pagar por los propios. Por eso, organizamos talleres de diálogo.”

En la ciudad de Buenos Aires, aunque la Constitución local garantiza “vivienda digna y hábitat adecuado”, no es un punto fácil de hacer cumplir. Jaime Cossio forma una de las 519 cooperativas que funcionan en la ciudad y estuvo preso a fines de 2008 cuando junto a otros cooperativistas tomaron el IVC para conseguir revertir el cero en el presupuesto destinado al programa.

Que los datos sobre déficit (ver aparte) no alcancen a graficar la problemática no significa que el problema no sea federal. Por eso, la Red Hábitat y un comité de vecinos están trabajando con la senadora de Tierra del Fuego, María Rosa Díaz, y las diputadas de la Comisión de Vivienda. El proyecto de Ley Marco de Hábitat Social, sobre el que trabajan, apunta a resolver el déficit habitacional como una política de Estado integrada a las sociales y económicas, que exista la participación de las organizaciones en el diseño, ejecución, evaluación y control de los programas y la incorporación del concepto de “función social de la propiedad”. Para eso, subraya la necesidad de aumentar el presupuesto de vivienda en casi un 200 por ciento: representaría un 2 por ciento del PBI. Mientras se debate el proyecto, la ayuda a las villas y barrios llega desde las universidades. Karina Cortina y Javier Lombardi, del Laboratorio de Tecnología y Gestión Habitacional de la Universidad Nacional de La Plata, intercambian conocimientos con los vecinos, mientras Viviana Asrilant y Gabriela Sorda, investigadoras de la Facultad de Arquitectura de la UBA, van y vienen distribuyendo su Manual de Urbanismo para Asentamientos Precarios –una guía práctica sobre cómo armar un barrio con una urbanización en regla–, realizado luego de indagar en los procesos de formación de varias villas y asentamientos.

“El Plan Federal de Viviendas entregó muchas casas, pero desatiende a los vecinos de las villas y asentamientos que necesitan fondos para mejorar la calidad habitacional de sus viviendas”, apuntó Sorda. En esos planes oficiales sin tener en cuenta a los barrios emergentes, Asrilant observa que “apuntan a la entrega ‘llave en mano’ porque el trabajo lo hacen con empresas constructoras y es más fácil que generar un proceso participativo”.

Por eso, las organizaciones de la Red Hábitat se están preparando en plenarios mensuales para llevar sus propuestas de financiamiento alternativo a las asambleas regionales que se realizarán en Chile y México en 2010 y la Asamblea Mundial de habitantes de 2011 en Dakar. “Tenemos que unirnos para que la sociedad comprenda: todos tenemos derechos a una vivienda digna”, resumió Ana Pastor, de la organización Madre Tierra.