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Tragedia en el barrio El Poblado, Medellín:construcción en manos de avilantadas empresas e irresponsables curadores

Se constató, con la caída de la torre 6 y la fractura de la 5 del Conjunto Residencial SPACE el pasado sábado 12 de Octubre, cómo la construcción de vivienda de cualquier rango fue entregada a habilidosos constructores que desarrollan una frenética actividad de la mano de irresponsables curadores, sin que el Estado pueda hacer nada. En una carrera furibunda por construir centenas y centenas de torres residenciales en el ya congestionado barrio El Poblado, los constructores privados no repararen en obtener el mayor volumen de ganancia a costa de la calidad y seguridad de las obras. De ello no se escapa ni la construcción privada ni la contratación pública.

Es tan vertiginosa la actividad constructora desde hace 10 años que las curadurías no tienen tiempo ni personal ni les interesa revisar bien los proyectos que les presentan febriles edificadoras como Lérida CDO, propiedad de la familia del ex-gobernador de Antioquia, Álvaro Villegas Moreno (Nota: En 1980 solo ejerció 18 meses la Gobernación de Antioquia, ya que la Procuraduría General de la Nación le pidió la renuncia por la investigación que abrió en su contra por “especulación en la compraventa de terrenos ”, ya que valido de su investidura su empresa INGENIOBRAS adquirió un lote de 201.000 mts 2 en Niquía, Bello, el cual a los 50 días exactos entregó al ICT para cofinanciar las 1.948 casas bifamiliares que se hicieron de 1981 a 1984, con un incremento desmesurado del 2.000 %. (Fuente: Boletines Comité Cívico de las Bifamiliares de Niquía, 1984).

Las lágrimas de cocodrilo de la alcaldía no se hicieron esperar, cuando lo cierto es que por su propia culpa la actividad constructora pasó por completo a la “mano invisible del mercado ”, que manipula un reducido y selecto grupo de magnates del cemento, el ladrillo y las finanzas, encabezado por ex-funcionarios públicos al lado de indolentes curadores urbanos que lo único que hacen es aprobar a la lata  más metros cuadrados para obtener mayores expensas (o pagos). En promedio cada mes se otorgan 500 licencias de construcción (ADN, Octubre 16 del 2013). A la Alcaldía ni al Concejo Municipal le interesó nunca controlar de verdad esta actividad, pues con una actitud eminentemente alcabalera solo se preocupan por obtener desbordadas tarifas de impuesto predial e industria y comercio, injustamente decididas en detrimento de millares de contribuyentes.

¿Fallaron los suelos, las estructuras, la calidad del cemento, las varillas, la soldadura, se burlaron estudios y requisitos? ¿La picardía es culposa o dolosa, de parte de la constructora, sus subcontratistas, los trabajadores, del curador, de la administración pública?

En algunos foros sobre vivienda, en los últimos 7 años, se han desatado discusiones y prevenido sobre la desaforada edificación en las laderas tan inestables que tiene Medellín empleando la famosa moda de la mampostería estructural (malla electrosoldada) en alturas superiores a 20 pisos que imperó en la planicie del centro de la ciudad en la alcaldía de Fajardo (y todavía hoy en Pajarito y en la Comuna 15 y 16). Al parecer, ni esto ni las normas de sismorresistencia aconsejables para el Valle Aburrá se han tenido en cuenta íntegramente y, por el contrario, el POT es modificado a favor de una plutocracia constructora insaciable, aupada por la SAI y otros gremios, que no deja “lote sin cabeza ”. Nos atrevemos a decir que un mediano temblor de tierra puede causar una tragedia mayúscula que puede afectar no ya solo a los apartamentos populares sino también los de alto costo. Cabría preguntarse, también, si el Municipio y el Concejo han hecho algo por evitar que grandes lotes de las laderas de Medellín sean monopolizados y urbanizados por altos ejecutivos con asiento en los gremios beneficiarios de la especulación de los suelos y materiales y del derecho constitucional a la vivienda digna.

Nos solidarizamos con los pobladores afectados en su derecho a vivienda digna y en su dolor por la pérdida de seres queridos y bienes, e instamos a las autoridades y entidades de control a investigar a fondo y sancionar ejemplarmente a los verdaderos dueños de la firma responsable de la tragedia, así como a revisar la figura de las curadurías urbanas que son innecesarias, pues estas funciones las puede prestar con lujo de profesionalismo las propias dependencias municipales de Planeación y Secretaría de Infraestructura Física. Mientras tanto los curadores deben disponer en Internet de sus declaraciones de ingresos y bienes como mandan las normas anticorrupción, para que la ciudadanía compare con cuánto entraron a una Curaduría y cuánto están acumulando indebida y exageradamente.

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