Francia, SDF: los poderes públicos no han cumplido sus promesas
Martes, 3 de marzo de 2009
Los poderes públicos no cumplen sus promesas relacionadas con el hecho de hacerse cargo de los sin techo. "Acogida incondicional, no lanzamiento a la calle, acompañamiento personalizado: principios que no son aplicados", afirman las asociaciones de lucha contra las exclusiones en un "barómetro de 100 medidas prioritarias" publicado el miércoles.
Las asociaciones se inquietan más allá de las acciones de la policía que va en busca de los indocumentados en centros de albergue.
Nada parece haber cambiado, dos años después las promesas del gobierno de Villepin en enero de 2007, luego del campamento de los Niños de don Quijote en el canal San Martín.
El Plan de acción reforzado en favor de las personas sin techo (PARSA), preveía especialmente la disposición siguiente:
"Toda persona acogida en un centro de albergue de urgencia deberá poder conseguir que le propongan, en función de su situación, una solución permanente".
Este principio fue retomado por los gobiernos siguientes y formalizado en el artículo 4 de la ley sobre el Derecho a vivienda oponible (DALO): "Toda persona acogida en una estructura de albergue de emergencia debe poder permanecer allí, desde el momento que ella lo desee, hasta que se le proponga una orientación.
Esta orientación es efectuada hacia una estructura de albergue estable o de cuidados, o hacia una vivienda, adaptados a su situación".
"A pesar de los textos oficiales, a pesar de los compromisos asumidos por los poderes públicos, los principios fundamentales que estructuran la acogida y el albergue de emergencia no son respetados", afirman el "colectivo de las asociaciones unidas por una nueva política pública de vivienda" en favor de los que viven en malas condiciones.
"Así", señala el colectivo en el cual figura Emaús, la Fundación Abbé Pierre o incluso la FNARS, "numerosas personas continúan regresando a la calle, por falta de un compromiso adaptado a la permanencia".
"Algunos públicos son peor tratados que otros: las personas acompañadas de animales, las personas con movilidad reducida, las personas que sufren enfermedades psíquicas o conductas adictivas, encuentran más dificilmente soluciones de acogida", precisa el colectivo.
"Sobre todo", destaca, "la acogida incondicional está puesta en juicio con la discriminación ejercida en contra de las personas en situación irregular en la entrada de ciertos albergues y cada vez más frecuentemente las interpelaciones policiales en los alrededores o al interior de los centros"
Las asociaciones ponen como ejemplo una requisición aplicada en los locales de la comunidad de Emaús Punta Roja en Marsella, a mediados de febrero y la detención preventiva durante varias horas de uno de los responsables, luego de la interpelación de un compañero indocumentado.
Finalmente, las asociaciones estiman que los poderes públicos no sacan ninguna lección de los planes invernales sucesivos.
El balance del invierno 2008-2009 "se parece tristemente a aquel de años anteriores: no muchos espacios y demasiados interrogantes en cuanto a la suerte de las personas acogidas tras el cierre de los lugares temporales".
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