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КАМПАНИЯ ЗА МИР БЕЗ ВЫСЕЛЕНИЙ

Desalojos públicos para el beneficio privado

Embellecimiento de la ciudad, el SilverBird Group y el Gobernador del Estado.

¿Qué pasa en Nigeria? ¿Por qué no oímos nada por parte de la comunidad internacional sobre la tragedia de las demoliciones y los desalojos masivos ocurridos en Puerto Harcourt y en otras ciudades?

Probablemente porque estos desalojos son el resultado de la globalización en las ciudades africanas, lo cual fue el primer motivo que provocó la urbanización masiva. Ahora estas mismas ciudades se han convertido en productos vendibles a los inversores para los que el petróleo ya no es suficiente.

En junio de 2008, el Gobernador del Estado de Rivers de Nigeria, el Excmo. Rotimi Amaechi, comenzó lo que él llamó el "embellecimiento" de Puerto Harcourt, capital del estado. Este ejercicio, que culminó con la demolición de edificios en Puerto Harcourt, provocó el desplazamiento de más de un millón de personas que fueron desalojadas forzosamente de sus hogares en un par de meses. El ejercicio se llevó a cabo en una flagrante violación del proceso pertinente y del cumplimiento de la ley en relación con la notificación previa, la consulta a los afectados y las posibilidades de ofrecimiento de un alojamiento alternativo adecuado. Otros casos de maneras arbitrarias y anárquicas en que las demoliciones se llevan a cabo incluyen el uso ilegal de soldados, policías y matones armados para intimidar a las víctimas de los desalojos.1    

En apenas seis meses de demoliciones ilegales, el gobernador del estado ha redirigido su atención del "embellecimiento de la ciudad" a la adquisición por la fuerza de edificios para servir a intereses privados. En el curso de las adquisiciones, miles de familias han sido desalojadas forzosamente de sus hogares sin previo aviso ni posibilidad de buscar alojamiento alternativo. La mayoría absoluta de las víctimas se han visto obligadas a regresar a sus aldeas de origen a expensas de sus puestos de trabajo, la educación de sus hijos y el desarrollo físico, mental y moral de los miembros de la familia, que ahora están expuestos a la pobreza y el hambre y en urgente necesidad de asistencia.

Además, el gobernador del estado ha amenazado con adquirir y demoler todos los edificios en las calles Azikiwe, Ojoto y Iloabuchi en el área de Diobu de Puerto Harcourt, así como la totalidad de los asentamientos de la costa, en particular Abonnema Wharf y Njemanze, incluido el conjunto Educación Bus-Stop e Isaac Boro Park2 , en beneficio de una actividad de negocio privada de entretenimiento perteneciente a la empresa Silverbird Showtime. Estas áreas constituyen hasta un tercio de la zona edificada de la principal zona urbana de Puerto Harcourt y proporcionan refugio a más de 600.000 personas que, en vista de la grave escasez de alojamiento en la ciudad, se quedarían sin ninguna otra opción que la de regresar a sus aldeas de origen si se destruyen sus viviendas y no se ofrecen alternativas de alojamiento en otros lugares de la ciudad a sus residentes.

Para aplicar el proyecto Silverbird , el gobernador del estado envió una flota de excavadoras a Abonnema Wharf Road y destruyeron todos los edificios de la zona entre el 9 y el 16 de febrero de 2009, entregando toda la zona al Grupo Silverbird. Esta demolición, que cogió a los residentes desprevenidos, se tradujo en la destrucción de iglesias, escuelas, lugares de negocios y apartamentos residenciales y culminó con el robo y la confiscación de bienes por valor de más de 100 millones o alrededor de 670.000 dólares por parte de hasta 120 funcionarios del gobierno, entre ellos se encontraban miembros del personal del ministerio de desarrollo urbano, policías armados, soldados y matones.

Como prueba de la manera arbitraria y despiadada en que se realizó la demolición, podemos citar el caso del Rev. Mason West de la iglesia Bible Faith Church, que fue golpeado, detenido y encarcelado por intentar entrar en su iglesia para sacar el púlpito y las biblias. Antes de que se iniciara la demolición, el comisario estatal para el desarrollo urbano, el abogado Osima Ginah fue en persona a todas las escuelas de la zona, incluidas las escuelas preescolares y primarias. Acompañado por policías armados / soldados, sacó de la escuela a los niños y sus profesores de sus clases, amenazando con arrestarlos y detenerlos si se atrevían a volver a las escuelas.

Los funcionarios del gobierno también robaron las pertenencias personales de los inquilinos pobres, alegando que el Gobierno del Estado las había adquirido junto con los edificios. Las Propiedades de la Unión Nacional de Inquilinos de Nigeria, que tienen un valor de más de dos millones de naira o alrededor de 15.000 dólares estadounidenses, fueron incautadas por funcionarios del gobierno, que perpetraron en los locales sindicales con matones.

Para justificar sus acciones, el gobernador del estado afirmó falsamente, a través de su comisario para el desarrollo urbano, que el asunto de las demoliciones en Puerto Harcourt había sido acordado el pasado mes de noviembre en el 4º Foro Urbano Mundial celebrado en China y que el ejercicio contaba con el apoyo de ONU-HABITAT 3 .

Un “embellecimiento” que viola descaradamente la ley

Habida cuenta de las circunstancias que rodean a las demoliciones, así como la forma en que se están llevando a cabo, consideramos irresponsable e ilegal todo el ejercicio, señalando que no se está llevando a cabo de conformidad con los principios de la protección procesal y el debido proceso legal, teniendo en cuenta:

  • que de acuerdo con el Cap. IV de la Constitución de la República Federal de Nigeria: el derecho a la vida (Art. 33), derecho a un juicio justo (Art. 34), derecho a la dignidad de la persona humana (Art. 36). El Gobierno del Estado ha violado flagrantemente estos derechos.
  • que el Cap. IV del Artículo 37 de la Constitución de la República Federal de Nigeria garantiza a todos el derecho a la intimidad y a la vida familiar, derecho que no puede ser alcanzado si la vivienda es destruida o dañada, o si los ciudadanos se quedan sin hogar. El Gobierno del Estado ha violado flagrantemente este derecho
  • que el Cap. 10 del Artículo 14 de la Ley de la Federación de Nigeria de 1990 (Carta Africana de los Derechos Humanos y de los Pueblos) establece que la propiedad sólo puede ser invadida por el gobierno en aras de la necesidad pública, en cuyo caso la adquisición por fuerza de los frentes marítimos de Abonnema Wharf y de Njemanze queda excluida, así como de Silverbird Showtime, a cuyo favor se hace la adquisición, no es en interés de la necesidad pública, sino en el interés personal de los propietarios.
  • que la manera en que las demoliciones se están llevando a cabo por el Gobierno del Estado de Rivers viola la realización plena y progresiva del derecho a una vivienda digna, tal y como se define en los instrumentos jurídicos internacionales que ha firmado el Gobierno Federal de Nigeria:
    • Artículo 11(1) del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. En particular, los Comentarios Generales 4 y 7 prohíben los desalojos sin una reubicación adecuada y acordada. El Comité de las Naciones Unidas aprobó en las reuniones de la 6ª a 9ª, celebradas del 29 de abril al 1 de mayo de 1998, las observaciones finales: "42. El Comité insta al Gobierno de Nigeria a poner fin de inmediato a las expulsiones masivas y arbitrarias de personas de sus hogares y tomar las medidas necesarias para aliviar la difícil situación de las personas que están sujetas a desalojos arbitrarios o son demasiado pobres para costear un alojamiento digno. En vista de la grave escasez de vivienda, el Gobierno de Nigeria debe asignar recursos suficientes y debe hacer esfuerzos sostenidos para luchar contra esta grave situación. 43. El Comité recomienda que se puede emprender y mantener un diálogo más positivo y abierto entre el Comité y el Gobierno de Nigeria. Este diálogo no tiene que esperar el paso de los próximos cinco años. El Comité insta al Gobierno a presentar un amplio segundo informe periódico, preparado de conformidad con las directrices del Comité, el 1 de enero de 2000." No se presentó ningún informe.
    • El artículo 27 de la Convención sobre los Derechos del Niño establece el derecho a una vivienda adecuada. El Comité de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño aprobó en la 1025ª sesión celebrada el 28 de enero de 2005, las observaciones finales: "70. El Comité recomienda que la parte del Estado: (a) realice un estudio amplio sobre las causas y el alcance de este fenómeno y establezca una estrategia global para hacer frente al elevado y creciente número de niños de la calle con el objetivo de prevenir y reducir este fenómeno, (b) asegure que los niños de la calle tengan una buena alimentación, vestido, vivienda, atención sanitaria y oportunidades educativas, incluida la formación profesional y preparación para la vida cotidiana, con el fin de apoyar su pleno desarrollo;”
    • El efecto combinado de los Artículos 4, 14, 16 y 18 de la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos (Ley de Ratificación y Aplicación de 1990) marca en la Carta el derecho a la vivienda incluida la prohibición de los desalojos forzosos.
    • Que las demoliciones en curso realizadas por el Gobierno del Estado de Nigeria ponen en peligro el pleno logro del Objetivo 7 Meta 11 de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, por no mencionar que van en contra del compromiso del Programa Habitat, del cual Nigeria es estado parte.

1  Al igual que en la Orden del Alto Tribunal Federal de Nigeria, de fecha 29 de octubre de 2008, demanda n.º: FHC/PH/CS/563/2008.

2  Página 3 de la edición del 29 de noviembre al 3 de diciembre de 2008 del periódico Hard Truth Newspaper

3  Silverbird (93.7 FM) Estación de radio en una entrevista con el comisario el sábado 21 de febrero de 2009.