Urgent: international mobilisation in support of Zero Evictions in Mount Sinai, Guayaquil, Ecuador
Dear friends,
I am writing to you to pass on a call to solidarity that we have just received from our comrades in Ecuador; it concerns the evictions taking place in Mount Sinai, Guayaquil, which are once again underway.
As can be seen watching the video given below, the situation is very tense. Not forgetting that in 2013 other very violent evictions were carried out in the same area, further tragedy is likely.
In response to this, on the 15th of October 2016 we successfully organised the opening of 5th Session of the International Tribunal on Evictions in Guayaquil, in which more than 600 people participated. This was in spite of a ban by police, and the destruction of the facilities. We believe that this initiative has had a significant impact, helping to unify the inhabitants as well as ensuring that their proposals are heard at all levels.
The provisional “verdict” reached by the Tribunal , meaning the first recommendations to be announced that day, highlights the urgent need of a moratorium, that Monte Sinai have “Zero Evictions” and that a dialogue be opened such that solutions which respect housing rights, as well as all human rights, may be found.
The final recommendations on the 6 cases at international level + 3 cases in Ecuador, which were examined during the Tribunal’s 5th Session, will be announced worldwide on the 10th of December 2016, International Human Rights Day.
This call is particularly important this time, as it represents a testing ground for the implementation of the recommendations of the International Tribunal on Evictions – our people’s Tribunal; just as we have committed to do in Quito.
In this vain, we invite you to deliver the attached letter of protest, perhaps first modifying and adding your signature to it, to any Embassies or Consulates belonging to Ecuador.
We only require to send to tie2016@habitants.org a photo of you delivering the letter to the embassy, along with details of the place, date, people taking part and eventual response.
Note: it is very urgent and important that this be done immediately!
Mensaje AIH solidaridad contra los desalojos en Guayaquil, Ecuador
A 25 de noviembre de 2016
Arq. María de los Ángeles Duarte
Ministra de Desarrollo Urbano y Vivienda
Gobierno Constitucional de Ecuador
ministro@miduvi.gob.ec
CCP:
Jorge Estrella
secretario tecnico de prevención de asientamentos humanos irregulares
MIDUVI
Juan Salazar Caicedo
Gobernador (e) del Guayas
Guayaquil
juan.salazar@goberguayas.gob.ec
Alejandro López-Lamia
Especialista sectorial Desarrollo Urbano
Banco Interamericano de Desarrollo
alejandrolo@iadb.org
Karina Calahorrano
Oficial del Proyecto Las Marías
Banco Interamericano de Desarrollo
karinac@iadb.org
Edison Barrera Jaramillo
Comandante de la Zona 8 de Policía, Guayaquil
edison.barrera@policiaecuador.gob.ec
Ecuador
Ms. Leilani FARHA
Relatora Especial de Naciones Unidas para el Derecho a la Vivienda Adecuada
Ginebra
Comité de Dirección
del Tribunal Internacional de Desalojos
ite.steering.committee@list.habitants.org
Jurado de la 5a Sesión
del Tribunal Internacional de Desalojos
Objeto: Cumplir con la obligación legal sobre el derecho a la vivienda y solidaridad contra los desalojos en Guayaquil, Ecuador
De nuestra consideración:
Os escribimos en nombre de la Alianza Internacional de Habitantes (AIH), red internacional de organizaciones sociales involucrada desde hace años en la defensa del derecho a la vivienda que, en particular, esta comprometida en la elaboración de iniciativas que eviten los desalojos, en particular impulsando el Tribunal Internacional de Desalojos que ha tenido su 5a Sesión en su País (Guayaquil 15 y Quito 17/10/2016) también colaborando con la Relatora Especial de Naciones Unidas sobre el Derecho a la Vivienda Adecuada.
Con ocasión la visita en Guayaquil del Tribunal Internacional de Desalojos el 15/10/2016 y en estos días recientes, hemos recibido informaciones preocupantes de parte de las organizaciones de la sociedad civil respecto de la situación de indefensión en la que se encuentran las familias que están sufriendo la amenaza concreta de desalojo, aunque nombrado de diversas maneras, para los casos detallados a continuación.
Desalojos y desplazamientos violentos en Monte Sinaí por un projecto financiado por el BID
La zona está considerada de expansión de asentamientos informales, con venta de suelo por parte de traficantes de suelo. Se calcula que viven en la zona, cerca de 150 mil personas. Desde la promulgación del decreto 607, el 28 de diciembre del 2010, alrededor de 5000 familias han sido desalojadas de la zona de Monte Sinaí, bajo acusación de invasión. Se han cerrado más de 100 locales comerciales y microempresas de venta de materiales de construcción, acusadas de que promueven las invasiones. Se ha prohibido el mejoramiento y construcción de las viviendas, en caso de infringir esta norma, van detenidos. Hay una incertidumbre respecto a la permanencia de las familias en el sector por la inseguridad en la tenencia del suelo, producto de cambios permanentes y toma de decisiones discrecionales respecto a quienen son las familias que deben permanecer en el sector, lo que ha reeditado nuevas formas de tráfico del suelo que afecta directamente a las familias mas vulnerables. En la actualidad el Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda está desarrollando el proyecto “Las Marías”, sobre 40 hectáreas ya ocupados, por lo que las familias diariamente están recibiendo notificaciones de desalojo y/o desplazamientos. Este projecto, n. EC-L10999, está financiado por el contrato de prestamo n. 2679/OC-EC con el Banco Interamericano de Desarrollo.
Desalojo y demolición de Casas Colectivas de la calle Gómez Rendón
Se trata de 2 Bloques de propiedad del Seguro Social, construidos en el año 1950, que en la actualidad están en el centro de la ciudad. Están considerados patrimonio histórico. Las familias viven arrendando, pero desde hace 15 años el Seguro Social dejo de cobrar porque desde entonces había planes de cambiar de uso a la edificación. En la actualidad se prevé su derrocamiento por deterioro de la edificación y presencia de microtráfico, para construir sobre esta área un Centro de Salud. No hay plan de contingencia para las 360 familias residentes, pues se la acusa de estar en mora en pago de arriendo y servicios básicos. Tienen 150 días de plazo para que familias abandonen el lugar (a partir del 26 de septiembre del 2016).
A este propósito les recordamos que los Artículos 30, 31, 37, 39, 47, 66, 261, 340, 375, 376 de la Constitución nacional de Ecuador reconocen el derecho a la vivienda y que el artículo 42 “prohíbe todo desplazamiento arbitrario”.
Además, el Art. 185 de la misma Constitución destaca que “La fuerza pública será obediente y no deliberante. Sus autoridades serán responsables por las órdenes que impartan, pero la obediencia de órdenes superiores no eximirá a quienes las ejecuten de responsabilidad por la violación de los derechos garantizados por la Constitución y la ley.”
Además, Ecuador ha ratificado los Tratados y Convenciones internacionales y, por tanto, todas las instituciones tienen la obligación legal de respetar, proteger, promover y garantizar el derecho a la vivienda y a rendir cuentas periódicamente a las instancias internacionales sobre las medidas adoptadas para garantizar su cumplimiento, siendo el desalojo sin realojo acordado una violación de:
- la Declaración Universal sobre Derechos Humanos (Art. 25), adoptada y proclamada por la Resolución de la Asamblea General 217 de Naciones Unidas del 10 de diciembre de 1948;
- el Pacto Internacional sobre los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC) (Art.11), ratificado por Ecuador el 6 de marzo de 1969 y el Protocolo facultativo del PIDESC aceptado el 11 de junio de 2010;
- la Convención sobre los Derechos del Niño (Art.27), ratificada por Ecuador el 23 de marzo de 1990;
- la Convención por la eliminación de la Discriminación contra las Mujeres (Art. 14 y 15), ratificada por Ecuador el 9 de noviembre de 1981;
- la Carta de la Organización de los Estados Americanos (Art. 34, k), ratificada por Ecuador el 21 de diciembre de 1950;
- la Convención Americana sobre los Derechos Humanos (Art. 26), ratificada por Ecuador el 8 de diciembre de 1977;
- el Protocolo adicional a la Convención Americana sobre los Derechos Humanos en el Área de Derecho Económico, Social y Cultural, ratificado por Ecuador el 10 de fevrero de 1993.
Como lo subrayado también por las instancias de Naciones Unidas, los Comentarios Generales N. 4 y N. 7 del Comité de las Naciones Unidas sobre los Derechos, que afirman que cualquier forma de desalojo forzado es incompatible con los requisitos del PIDESC, son interpretaciones autoritativas del PIDESC, del cual Ecuador es parte, y tienen valor jurídico predominante sobre otras normativas.
Por esta consideración y fundamentados también en las Recomendaciones de la 5a Sesión del Tribunal Internacional de Desalojos, le exhortamos ejercer su competencia ante esta grave situación de violación de los más elementales Derechos Humanos: a la vida, a la vivienda, al trabajo, a la seguridad de la tenencia de la tierra, en el entendimiento que por ser los representantes del pueblo, son los más idóneos en la defensa de la condición de ciudadanos de las personas afectadas.
Entendemos que la voz de las comunidades afectadas por la presión a abandonar su territorio de vida, es una legítima voz, y debe ser escuchada por los representantes políticos y las instancias del estado a nivel local y provincial.
Por eso, se da plena solidaridad a las organizaciones sociales y de los habitantes de Guayaquil y a las personas y familias afectadas por estas violaciones y, os invitamos a:
- Declarar una moratoria inmediata de todos los desalojos, aunque nombrados de diversas maneras, y constituir una mesa de diálogo entre las instituciones y las organizaciones sociales de los habitantes para dar soluciones asequibles a esta problemática con políticas que impliquen Cero Desalojos;
- Derogar el decreto 607, no se desaloje a ninguna familia de monte Sinaí, salvo las reubicaciones acordadas por situación de riesgo, y con medidas compensatorias a la pérdida de vivienda, trabajo y redes sociales; familias que están siendo desplazadas o se les esta cercenando el terreno, sean compensadas; no se desaloje a comerciantes y microempresarios de la vía principal sin ser compensados.
- Que se elimine toda forma de tráfico de suelo y formas clientelares de acceso al suelo, para lo cual se debe implementar un sistema transparente de regularización del sector, con veeduría ciudadana de las organizaciones sociales.
- Se paralice el proyecto Las Marías en actual ejecución por parte del MIDUVI, y se bloqueen los fondos por parte del Banco Interamericano de Desarrollo, hasta que se determine cuantas y cuales son las afectaciones del proyecto y cuales son las medidas compensatoria previstas; a partir de lo cual se reformule bajo un modelo de gestión cooperativo de autoayuda con asistencia técnica y autogestionado.
- Entregar en propiedad colectiva los bloques de las Casas Colectivas de la calle Gómez Rendón a las familias residentes, desembolsar partida para rescate del edificio como patrimonio. Crear un modelo de gestión para la futura administración de los bloques por parte de sus residentes;
De lo contrario, no dudaremos en informar a todas las autoridades nacionales e internacionales para llevar a cabo las medidas necesarias para cumplir con el respeto de las leyes de protección del derecho a la vivienda.
Agradecemos mucho su atención a la presente y le solicitamos tenernos informados sobre cualquier acción adoptada en este sentido.
A esperas de sus respuestas los saludamos atentamente.
Cesare Ottolini
Coordinador Global
Guillermo Rodríguez Curiel
Coordinador para América Latina