El Consell de Govern ha dado el visto bueno al desarrollo normativo de la Ley de Vivienda aprobada en 2018, que, según el conseller de Territorio, Energía y Movilidad, Marc Pons, es una norma «sin precedentes» en el Estado español para facilitar el ejercicio efectivo del derecho a una vivienda digna.

El decreto se articula en tres ejes: la determinación precisa de las condiciones de las viviendas susceptibles de pasar a integrar la bolsa de viviendas vacías, el funcionamiento de este registro de inmuebles y el proceso de cesión, voluntaria o forzosa, de los pisos, cuyos propietarios serán compensados por la administración pública.

«Nuestro objetivo es que no haya viviendas vacías» y que los inmuebles residenciales estén en el mercado para atender las necesidades de la población en lugar de ser un bien especulativo sin uso, ha argumentado Pons, que ha subrayado que la ley y el reglamento se basan en la premisa de que la vivienda es un bien social y corresponde a la administración ponerlo a disposición de quienes tienen menos recursos.

A efectos de esta ley, se consideran viviendas vacías las que llevan más de dos años en desuso sin causa que lo justifique y son propiedad de personas físicas o jurídicas dedicadas al sector inmobiliario que sean titulares de diez o más inmuebles.

La obligatoriedad de cesión para alquiler social de estas viviendas ya lleva vigente casi un año y hasta ahora, según ha detallado el conseller Pons, se han inscrito voluntariamente en el registro 1.039 inmuebles, aunque el Govern tiene constancia de 6.000 en manos de los «grandes tenedores».

El ejecutivo autonómico ha abierto 18 expedientes sancionadores a grandes propietarios por no haber registrado sus viviendas o por no colaborar para que los inspectores accedan y revisen los inmuebles.

El Govern, ha dicho Pons, confía en que «en uno o dos meses» puedan empezarán a ser entregadas a inquilinos en lista de espera las primeras de estas viviendas.

Los titulares de estos pisos, igual que los dueños de los que sean expropiados por falta de acuerdo, serán compensados con un precio que se abonará de forma íntegra por los siete años al inicio del periodo de cesión.

En caso de cesión pactada, el precio se convendrá entre el Instituto Balear de la Vivienda (Ibavi) y el particular o empresa propietaria, y cuando sea obligatoria lo fijará el Jurado de Cesión de Viviendas Desocupadas, un órgano previsto en la ley.

El Ibavi repercutirá este coste en los arrendatarios en la medida en que lo considere en función de sus criterios para el alquiler social y compensará la diferencia con fondos públicos.