Decenas de familias han sido desalojadas del barrio donde se construirá el estadio para el Concurso Musical Eurovisión de mayo de 2012.
 
 El informe titulado “‘They Took Everythingf rom Me’: Forced Evictions, Unlawful Expropriations, and House Demolitions in Azerbaijan’s Capital” (“Me quitaron todo: Desalojos forzados, expropiaciones ilícitas y demolición de viviendas en la capital de Azerbaiyán”), demuestra que las autoridades expropiaron ilegalmente y desalojaron por la fuerza a decenas de familias en cuatro barrios de Bakú, en algunas ocasiones sin ningún tipo de aviso o en medio de la noche. Posteriormente, las autoridades demolieron las viviendas, a veces sin que los propietarios se hubiesen llevado sus pertenencias. El Gobierno se negó a proporcionar a los propietarios una indemnización justa por sus viviendas, muchas de las cuales están ubicadas en zonas de alto valor inmobiliario. La ley de Azerbaiyán exige como indemnización para las ventas forzadas el pago del valor de mercado del bien.
 
 “El Gobierno de Azerbaiyán no sólo está demoliendo viviendas, sino que además está destruyendo la vida de personas”, afirmó Jane Buchanan , investigadora sénior para Europa y Asia Central de Human RightsWatch y autora del informe. “Debe poner fin inmediatamente a las expropiaciones, los desalojos y las demoliciones ilegales y otorgar una indemnización a las personas que han sido expulsadas, la cual deberá contemplar tanto la pérdida de sus viviendas como el daño moral ocasionado”.
 
 Los desalojos se han llevado a cabo para permitir el desarrollo de diversos proyectos, como la construcción de parques, caminos, viviendas de lujo, un estacionamiento y un centro comercial.
 
 ArzuAdigezalova, una profesora de matemáticas de 41 años y madre soltera de dos niños pequeños, fue desalojada por la fuerza de su departamento ubicado en las proximidades de la Plaza de la Bandera Nacional, sin ningún tipo de aviso previo, en la madrugada del 29 de octubre de 2011.
 
 “Me desperté porque el edificio temblaba y escuché un sonido que parecía un trueno”, contó Adigezalova a Human RightsWatch. “Agarréa los niños y salí del edificio. [Me acerqué] al encargado y le pedí que nos diera tiempo para sacar nuestras cosas. Me miró y respondió: ‘Está bien’, pero inmediatamente le dijo al conductor de la topadora: ‘¡Destrúyelo!’”.
 
 Adigezalova intentó desesperadamente juntar sus pertenencias y sacarlas del edificio, pero perdió muchos bienes que eran de la familia.
 
 La campaña de desalojos se aceleró durante los últimos meses en la zona costera de la Plaza de la Bandera Nacional, uno de los cuatro barrios analizados en el informe. Este barrio se ubica junto a las obras del Palacio de Cristal de Bakú, el moderno estadio revestido en vidrio que se está construyendo para el Concurso Musical Eurovisión que se realizará en mayo de 2012. En este concurso televisivo, celebrado anualmente, compiten 56 países de Europa y alrededores.
 
 Las medidas del Gobierno para expulsar a los residentes de la zona de la Plaza de la Bandera Nacional se intensificaron después de que Azerbaiyán ganara el concurso en mayo de 2011 y, como resultado, se convirtiera en anfitrión del evento de 2012.
 
 “Eurovisión ofrece al Gobierno la oportunidad de mostrar Bakú a miles de visitantes y millones de televidentes”, señaló Buchanan. “Pero, en cambio, el Gobierno de Azerbaiyán no hace más que mostrar su indiferencia por los derechos humanos al echar de sus viviendas a personas que viven a pocos pasos del sitio donde tendrá lugar el concurso. Con una mayor visibilidad aumentará también el grado de escrutinio, de modo que al Gobierno le convendría cambiar su curso”.
 
 Cuando se toma la decisión de expropiar y demoler un inmueble en Bakú, el Gobierno normalmente ofrece a los residentes una indemnización o la posibilidad de trasladarse a un nuevo sitio. Sin embargo, en casos documentados por Human RightsWatch, algunos propietarios de viviendas no recibieron indemnización alguna ni una oferta de traslado. Otros permanecieron en sus viviendas tras negarse a aceptar las magras ofertas del Gobierno.
 
 En algunos casos, las autoridades habrían desalojadopor la fuerza a los residentes que quedaban sin ningún tipo de aviso o después de notificarlos con una anticipación mínima. Luego procedieron a demoler inmediatamente sus casas o edificios de departamentos. En algunos desalojos, una gran cantidad de policías y otros funcionarios gubernamentales rodearon los edificios y ocuparon las escaleras, y luego ingresaron por la fuerza en los departamentos y expulsaron a los residentes. En al menos tres casos, los residentes permanecieron detenidos en estaciones de policía mientras se demolían los edificios. A su regreso, los propietarios encontraron sus pertenencias bajo una montaña de escombros.
 
 Hubo además casos en que funcionarios gubernamentales, sin dar aviso, se presentaron con topadoras y otras maquinarias durante la noche o poco antes de la madrugada, ordenaron a los propietarios que desocuparan las viviendas inmediatamente y luego comenzaron a demolerlas.
 
 En diversos hechos documentados por Human RightsWatch, las autoridades han demolido viviendas ignorando resoluciones judiciales que prohibían hacerlo o antes de que la justicia se pronunciara sobre los recursos presentados para impedir las demoliciones.
 
 En varias ocasiones, el Gobierno interrumpió los servicios o comenzó tareas de desmantelamiento en edificios de departamentos donde aún vivían residentes, incluyendo aquellos localizados en la zona de la Plaza de la Bandera Nacional. Estas medidas consiguen que los edificios se vuelvan inhabitables y obligan a los residentes a desocuparlos.
 
 En varios edificios, los propietarios contaron a Human RightsWatch que los obreros quitaron los techos y las ventanas, y quedaron así expuestos a la lluvia, la nieve y el frío. Cuando en enero de 2012 las autoridades cortaron los servicios de luz y agua  en un edificio próximo a la Plaza de la Bandera Nacional, los residentes tuvieron que derretir nieve para conseguir agua.
 
 “En el transcurso de su programa de expropiaciones y desalojos, el Gobierno ha mostrado una indiferencia absoluta por la dignidad, la salud y la seguridad de los propietarios y sus familias”, expresó Buchanan.
 
 La expulsión permanente o temporaria de personas, familias o comunidades de sus viviendas o tierras contra su voluntad, sin brindar acceso a unaadecuada protección legal o de otro tipo, se considera un desalojo forzado conforme al derecho internacional. Los desalojos forzados sólo deberían realizarse en circunstancias excepcionales y exclusivamente con la finalidad de promover el bien común, respetando el derecho de los países y los estándares internacionales.
 
 “Los gobiernos están facultados, en situaciones estrictamente limitadas, a expropiar bienes cuando exista una necesidad estatal imperiosa”, afirmó Buchanan. “Sin embargo, las medidas que están siendo adoptadas por las autoridades en Bakú vulneran tanto las leyes nacionales como el derecho internacional: están desalojando a propietarios a un ritmo alarmante, en algunos casos con fines absolutamente innecesarios”.
 
 Durante su investigación, Human RightsWatch se puso en contacto con la Unión Europea de Radiodifusión (EuropeanBroadcastingUnion, EBU), que supervisa el Concurso Musical Eurovisión, para consultarla sobre las expropiaciones, las demoliciones y los desalojos forzados realizados en la zona de la Plaza de la Bandera Nacional para permitir la construcción de un camino y un parque que serán utilizados por los seguidores para ingresar al Palacio de Cristal de Bakú. La EBU intentó distanciarse, y se refirió a la naturaleza “apolítica” del concurso e invocó el argumento del Gobierno, según el cual las obras de construcción no estarían vinculadas al concurso.
 
 Human RightsWatch señaló que los miembros afiliados a la EBU deberían instar a esta institución, incluido el Grupo de Referencia de Eurovisión, a presionar a las autoridades para que resuelvan de manera justa y transparente todas las denuncias relativas a expropiaciones, desalojos y demoliciones cerca del Palacio de Cristal de Bakú.
 
 Los socios internacionales de Azerbaiyán, incluidos gobiernos clave y bancos multilaterales de desarrollo, deberían exhortar al Gobierno a poner fin a su campaña de expropiación y desalojos y asegurar que las medidas que se adopten a futuro respeten las leyes nacionales y el derecho internacional.
 
 Los socios internacionales de Azerbaiyán también deberían instar al Gobierno a crear un mecanismo justo y transparente para resolver las denuncias planteadas por propietarios y residentes que han sido desalojados, y a reconsiderar la indemnización ofrecida a quienes perdieron sus viviendas y pertenencias.
 
 “Eurovisión y el Gobierno de Azerbaiyán pueden afirmar que los desalojos no están relacionados con los preparativos para el concurso musical, pero si el Gobierno pretende organizar un evento exitoso debe poner fin a las violaciones de derechos humanos que se producen a la vista de todos en el emplazamiento mismo del evento”, manifestó Buchanan. “Expulsar a familias de sus viviendas a tan poca distancia del lugar del evento podría empañar el prestigio del concurso”.