Italia: Comunidad romaní en peligro de desalojo forzoso.
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Las autoridades municipales de Milán, ciudad del norte de Italia, se disponen a desalojar a la fuerza a unos 200 romaníes que residen en la zona de Rubattino, en el este de la ciudad. Según ONG y medios de comunicación locales, las autoridades han anunciado que llevarán a cabo los desalojos antes del 21 de septiembre.
Según la información recibida por Amnistía Internacional,no está claro qué alojamiento alternativo se ofrecerá a la comunidad residente en la zona de Rubattino. No ha habido consultas con la comunidad sobre el desalojo previsto ni se ha intentado estudiar con ella alternativas factibles al desalojo. Cuando las autoridades municipales desalojaron a comunidades romaníes en ocasiones anteriores, ofrecieron alguna forma de alojamiento a corto plazo –varias semanas o meses– sólo a las mujeres y los niños y niñas de corta edad en los albergues municipales para personas sin hogar. Sin alojamiento alternativo, estas familias se exponen a vivir en duras condiciones en otro campamento improvisado o a quedarse sin un refugio básico, lo que significa que podrían acabar viviendo a la intemperie, incluso en condiciones meteorológicas adversas.
Forman parte de esa comunidad unos 70 niños y niñas, de los que 40 asisten a escuelas de las inmediaciones. El desalojo pone en peligro su asistencia a clase y, por tanto, la continuidad de sus estudios.
Según el derecho nacional, las autoridades deben comunicar el desalojo a cada persona afectada o hacer pública una orden o aviso pero, según la información de que dispone Amnistía Internacional, no lo han hecho así. Al no haberse formalizado la orden, la comunidad no ha podido impugnarla ante los tribunales ni conseguir la suspensión o el aplazamiento del desalojo.
La mayoría de los residentes del campamento de Rubattino ya han pasado por un desalojo forzoso en al menos una ocasión. En desalojos anteriores se destruyeron refugios, ropa, colchones y, en algunos casos, medicamentos y documentos. Se cree que todos esos desalojos se llevaron a cabo sin las garantías de procedimiento que exigen las normas internacionales y regionales de derechos humanos.
Información adicional
Al menos durante el último decenio, en Italia se han llevado a cabo numerosos desalojos forzosos de comunidades romaníes. Los desalojos se hicieron más frecuentes después de que el gobierno nacional y las autoridades locales, incluidas las de Milán, firmasen unos acuerdos especiales –los Patti per la Sicurezza– el 18 de mayo de 2007. En virtud de estos acuerdos, el Ministerio del Interior transfería una serie de poderes a las autoridades locales, con el objetivo de hacer frente a las amenazas contra la seguridad, incluidas las que supuestamente representaba la presencia de comunidades romaníes en estas ciudades.
Con arreglo al derecho internacional, los desalojos forzosos –desalojos realizados sin las garantías de procedimiento adecuadas, incluida la posibilidad de reparación judicial, y sin garantías de un alojamiento alternativo adecuado– constituyen una grave violación de varios derechos humanos, incluido el derecho a una vivienda adecuada. Los desalojos pueden llevarse a cabo sólo como último recurso, una vez exploradas todas las alternativas factibles y sólo en presencia de todas las garantías de procedimiento apropiadas, de acuerdo con las normas de derechos humanos regionales e internacionales. Italia ha recibido duras críticas de varios organismos de derechos humanos regionales e internacionales, incluido el Comité Europeo de Derechos Sociales, el cual declaró que Italia había violado la Carta Social Europea. A pesar de ello, Italia no ha puesto en práctica estas recomendaciones, sino que ha seguido llevando a cabo desalojos forzosos de comunidades romaníes y, en ocasiones, los ha intensificado.