Esta prohibición casi completa de los desalojos llega después de una serie de medidas provisorias impulsadas por el anterior gobierno de centroizquierda, con el fin de contrarrestar las consecuencias de la crisis global de las hipotecas en Hungría y proteger a los ciudadanos de los intereses moratorios de sus préstamos en moneda extranjera y de la pérdida de sus viviendas por embargo o subasta. Al igual que otros países, Hungría ha abusado de las hipotecas subprime en los últimos años, así como de las hipotecas y de los préstamos basados en monedas extranjeras, cuyas cuotas han aumentado a una tasa sin precedentes como resultado del colapso económico. A comienzos de 2010, cientos de miles de familias se encontraban bajo amenaza de embargo de sus casas o departamentos, mientras que en los años anteriores a la crisis las familias afectadas no sumaban más que algunas docenas. Si bien los bancos respondieron a la crisis reprogramando los planes de pago a una significativa proporción para los titulares de las hipotecas, el estancamiento económico y los altos niveles de desempleo forzaron la intervención del Estado. Además de la prohibición de los desalojos, el gobierno húngaro prohibió las hipotecas en moneda extranjera a partir del 1 de julio de 2010.

Con anterioridad a la presente moratoria de desalojos, el gobierno nacional y los gobiernos locales han hecho una serie de intentos para aliviar, al menos temporalmente, la situación de quienes se encuentran amenazados por los desalojos. Desde 2003, una ley nacional ha establecido una moratoria de invierno, que rige entre el 1 de diciembre y el 1 de marzo del año siguiente, sobre todos los desalojos (excepto las ocupaciones ilegales). Desde 2006, el gobierno de la ciudad de Budapest ha convocado a los gobiernos de los distritos locales a adoptar voluntariamente la prohibición de los desalojos entre los meses de noviembre y abril, incluyendo presumiblemente a los ocupantes ilegales.

Además de los intentos de reducir las hipotecas basadas en moneda extranjera, el gobierno actual ha prometido establecer un fondo estatal para hacer frente a las hipotecas de quienes tienen mayor riesgo de perder sus viviendas. Sin duda, estas medidas rediseñarán la dinámica del mercado inmobiliario del país. Aunque en términos retóricos, el nuevo gobierno se ha comprometido a impulsar el desarrollo del sector de viviendas sociales y de alquiler en Hungría, está aún por verse cuál será la voluntad de mantener esas promesas. Al mismo tiempo, el nuevo gobierno ha hecho una gran defensa de la política de prestaciones sociales condicionadas y en muchas de las declaraciones de funcionarios destacados del gobierno han analizado la posibilidad de castigar y perseguir a quienes no cumplan con los principios éticos de responsabilidad individual y trabajo duro, tanto en el área de la vigilancia de la vía pública como en el de la asistencia social.

Como miembros de ‘La Ciudad es para Todos’, una organización de base dedicada a la defensa de los sin techo, con sede en Budapest, encontramos inaceptable que las familias de menores ingresos de Hungría tengan que pagar el alto precio de vivir en condiciones todavía más miserables debido a insuficientes políticas habitacionales. En la medida en que el Estado húngaro no produzca cambios radicales en el modo de encarar los asuntos relacionados con los derechos de propiedad y la distribución social, estas reformas posiblemente irán en el mismo sentido y, ciertamente, no nos beneficiarán a todos por igual.

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