Informe sobre el genocidio en los muelles de Bundu

Según la información recopilada de primera mano, el problema comenzó el martes 6 de octubre de 2009, un día después de celebrarse la Jornada Mundial del Hábitat, que insufló en el público la certeza de que la demolición planificada de los muelles no contaba con la aprobación masiva del pueblo, como lo afirmaba el gobierno. En abierta represalia, el gobierno del Estado envió 300 soldados a los muelles de Bundu para identificar la zona con vistas a realizar una demolición inmediata.

La comunidad provocó el enojo de los soldados, que debieron soportar la resistencia de casi 2.000 mujeres y niños que protestaban ante lo que consideraban una medida ilícita del gobierno estatal que pretendía demoler sus domicilios sin realojarles, a sabiendas de que el caso se encuentra pendiente de resolución en el Tribunal Superior Federal de Nigeria y de que existe una orden judicial de restricción que prohíbe tanto a los Altos Mandos del Ejército como al Gobernador del Estado realizar cualquier acción en los muelles hasta el 13 de octubre de 2009, día en que debían comenzar las audiencias públicas. En el Anexo A del presente informe se adjuntan los artículos de prensa referentes a este incidente.

Con posterioridad a la dispersión llevada a cabo por el ejército, al mediodía del 9 de octubre, el gobernador del Estado, a través de su asistente especial D. Theodore Georgewill, encargado del proyecto de desarrollo de los muelles, amenazó que volverían a registrar el muelle para su demolición la siguiente semana con toda la fuerza y que no podrían hacer nada para impedirlo. El anuncio fue lanzado al aire por la emisora Rhythm FM.

A las 9.00 horas del 12 de octubre de 2009, después del anuncio radiofónico del gobierno, se envió al lugar un furgón de policía, que transportaba a más de una treintena de policías con armas de gran calibre como los rifles de asalto A-K47, equipamiento policial explosivo y 2 coches blindados. Los efectivos policiales tendieron una emboscada en las cercanías del muelle mientras, según declaraciones de testigos, otro contingente de policías armados se parapetaban en los alrededores del muelle.

Al detectar a los policías armados, los habitantes (en su mayoría, mujeres, jóvenes y niños) salieron en señal de protesta. Inmediatamente, la policía se alejó unos metros del muelle. Poco después del repliegue, la 2ª Brigada del Ejército de Nigeria envió tanques y tres coches blindados multiusos que irrumpieron en los muelles disparando indiscriminadamente para dispersar a los manifestantes. Los tiroteos, que posteriormente se transformaron en verdaderos bombardeos militares, arrojaron un balance de al menos cinco personas muertas y nueve personas gravemente heridas por balas perdidas (como anexo B, se adjunta al presente algunos artículos de prensa que abordan este incidente).

El Presidente de los aborígenes de Puerto Harcourt, el líder Darick Asechemie, proporcionó los nombres de las personas muertas:

1. John Igbikiowubo
2. Tonye Datoru
3. Abiye Yebusika
4. Ibitoru Silas
5. Peter Iyanabo

Las personas heridas de bala, cuyo estado es crítico, están internadas en la Clínica Teme de Puerto Harcourt. La lista es la siguiente: (1) Tamunotonye Ama, (2) una estudiante de trece años y (3) otras siete personas sin identificar. Las fotografías de los pacientes se adjuntarán los informes médicos.

De acuerdo con las fuentes de la comunidad, mucha gente continúa como desaparecida, ya que la mayoría de los jóvenes que se lanzaron al río para escapar o bien de los disparos o bien de los arrestos policiales no han regresado todavía y el gobierno estatal no ha emitido todavía la lista de las personas arrestadas.

Observaciones:

Recordamos que la demolición del muelle se encuentra supeditado a una orden judicial restrictiva vigente, emitida por el Tribunal Superior Federal de Nigeria, junto con la solicitud de moratoria formulada por ONU-HABITAT en relación con el mismo asunto, por lo que el Gobierno del Estado de Rivers carece de justificación moral para efectuar ninguna acción en los muelles de Bundu, ya sea el registro o la demolición, sin el consentimiento de los residentes, quienes, al final, son los verdaderos perjudicados.

Por otro lado, el motivo de la demolición planificada de los muelles en Puerto Harcourt por parte del gobierno del Estado se realizó, según dicho organismo, en cumplimento de la recomendación hecha por Comisión por la Verdad y la Reconciliación, que lanzó acusaciones falsas acerca de que los muelles constituían una vía de escape para los militantes del Delta del Níger. Ahora que los militantes han depuesto las armas y han sido amnistiados por una resolución presidencial, no existe justificación moral alguna para que el gobernador del Estado retome el asunto de la demolición de los muelles ya que los motivos esgrimidos han quedado superados debido a la amnistía.

Asimismo, recordamos la reciente amenaza del gobierno estatal de iniciar la demolición de las cinco calles principales de Puerto Harcourt –a saber, Iloabuchi, Azikiwe, Ojoto, Sangana y Njemanze– programada para el mes entrante, con el fin allanar los emprendimientos comerciales del Silverbird Group. Esto implica que, si sumamos el número de personas que viven en esta zona al de los residentes de los muelles de Bundu y, posiblemente, a los del Embarcadero de Abonnema, más de 350.000 personas o, lo que es lo mismo, casi la mitad de la población de la ciudad de Puerto Harcourt quedaría sin techo antes de finalizar el año.

Esta amenaza exige considerar el llamamiento a la acción urgente solicitada en nuestro informe sobre la demolición de los muelles de Njemanze, que subrayaba la necesidad de conceder a las víctimas de los desalojos de Puerto Harcourt (tanto actuales como futuras) el estatus de refugiados, así como la protección inherente a su estado, en virtud de las Políticas Internacionales sobre Refugiados y Desplazados Internos.

También sugerimos encarecidamente que se exija al gobierno federal que explique el motivo por el que ha cedido efectivos del Ejército de Nigeria al gobernador del estado para desalojar de los muelles a las personas sin recursos, que no sólo no se pueden permitir tres comidas decentes al día, sino que tampoco disponen de los medios para proporcionarse un alojamiento alternativo en caso de ser desalojados.

Nuestra última sugerencia es que se convoque un juicio por genocidio contra todos los responsables de los recientes asesinatos de los muelles de Bundu y que todos los implicados en el desalojo de inquilinos de los muelles de Njemanze se presenten ante el Comité contra la Tortura por haber echado a un gran número de familias de sus hogares en plena lluvia, exponiéndolos a las inclemencias medioambientales y climáticas.

Conclusión

Una fuente confiable insinuó a la Unión que había sido el gobernador quien informó a su consejero especial que la demolición de los muelles de Bundu seguiría adelante sin repliegue ni rendición y le ordenó que movilizara las tropas hacia la zona para continuar con el operativo. Los soldados llevaron a cabo las órdenes, aunque no pudieron terminar a las 6 de la tarde de ayer, cuando se replegaron.

Orden judicial prohíbe al Gobernador del Estado y a la Armada acciones en cualquiera de los muelles

A las 9.00 horas de esta mañana, pudieron observarse coches blindados y tanques con soldados en los alrededores de Puerto Harcourt, incluso cerca de los edificios del juzgado donde tendrá lugar la audiencia de este caso. En el momento de enviar este informe, el Juez que preside el caso ha emitido una orden judicial formal por la que prohíbe al Gobernador del Estado y a los Altos Mandos de la Armada, el Ejército y la Aeronáutica, incluido el Inspector general de la Policía, a iniciar acciones en cualquiera de los muelles. Dicha orden se remitirá a su debido momento.

C. W. Enwefah

secretaria general

Unión Nacional de Inquilinos de Nigeria