Sotchi: arresto de habitantes en lucha contra las expulsiones forzadas
En Sotchi, capital de los Juegos Olímpicos de 2014, la situación es cada vez más tensa. Pour un lado, el poder federal ruso, preocupado de utilizar el evento internacional para recuperar el prestigio de Rusia, pero además, para realizar una reordenación territorial radical de la ciudad balneario y sus alrededores. Por otra parte, los habitantes del rincón que multiplican manifestaciones y acciones de protesta contra las construcciones inmobiliarias que destruyen el medio ambiente histórico y ecológico.
Habitantes que viven sobretodo con el temor cotidiano de ser expulsados por « necesidades de Estado ». En primer lugar está involucrada la población de la planicie de de Imeretinski, barrio periférico de Sotchi, donde deben construirse la mayoría de las instalaciones ligadas a los Juegos Olímpicos.
Ahora bien, en este barrio vive tradicionalmente una importante comunidad de ortodoxos « vétero-creyentes » o « viejo-creyentes », solidarios y orgullosos de sus tradiciones. Con el apoyo de las asociaciones ecologistas, de algunos juristas, de los habitantes de los otros barrios, ellos han organizado ya varias manifestaciones, muchas de las cuales han concluido en el cuartel de policía. El escándalo más conocido es la reunión fracasada, prevista con ocasión de la llegada del Comité Olímpico, el 23 de abril pasado. Las fuerzas del orden se precipitaron entonces para dispersar a los manifestantes antes que llegara la delegación olímpica. Hubo más de una decena de heridos, pero la situación fue acallada. El Comité Olímpico hizo cuenta de no percibir nada, a pesar de las múltiples cartas abiertas que le llegaron denunciando los perjuicios a los derechos de vivienda, a un medio ambiente sano y simplemente a los derechos democráticos de concentraciones y reuniones.
Sin embargo, los habitantes de Sotchi no ceden y luchan por permanecer en sus departamentos, por no ver su región destruida por la locura inmobiliaria, los habitantes de Imeretinski luchan por quedarse en sus casas, en la tierra de sus ancestros. Ellos solicitan al menos discusiones públicas y democráticas, la transparencia de las reglas de expropiación de los terrenos, de las negociaciones con las asociaciones de habitantes, de las indemnizaciones equivalentes a las pérdidas. Ahora bien, nada de todo esto les ha sido acordado. A excepción de algunas declaraciones abstractas y demagógicas de algunos responsables políticos regionales que aseguraban en 2007 que « nadie sería expulsado por la fuerza »...
Las discusiones « públicas », cuando han tenido lugar, son organizadas en el mayor secreto y los habitantes que critican no son tomados en cuenta. Las indemnizaciones propuestas como compensación por los inmuebles o casas a demoler son arrendadas y no corresponden a los precios reales del mercado inmobiliario, en alza desde el anuncio de los Juegos Olímpicos. Los planos de ordenamiento y de construcción no son publicados ni, con mayor razón, discutidos. Las requisiciones de los terrenos por necesidad de Estado se han hecho más fáciles gracias a una enmienda reciente del Código Territorial que quitado a los habitantes expropiados toda posibilidad de recurso.
Lo que las asociaciones de habitantes denuncian en primer lugar, es la corrupción de los funcionarios locales y regionales, ávidos por apropiarse del maná financiero recibido de Moscú para financiar los trabajos « de ordenamiento », y, sobretodo, utilizando arbitrariamente su poder a fin de aprovechar las consecuencias financieras del boom inmobiliario y especulativo de la región.
Frente a esta potencia máquina político-inmobiliaria, los habitantes y algunas asociaciones ecologistas están bastante aislados. El lobby olímpico aplasta las mínimas tentativas de rebelión, los medios de comunicación elogian el proyecto olímpico y los tribunales se muestran muy parciales en su toma de decisiones.
Hasta ahora, sin embargo, las autoridades habían respetado ciertas formalidades. Aparentemente, han decidido pasar a la velocidad superior y neutralizar a los militantes más activos. Así, al día siguiente de un conflicto intervenido, el 22 de julio, entre los habitantes y los empleados de los servicios de Catastro que vinieron a tomar medidas en el terreno de una propiedad privada en Imeretinski, tres militantes contra las expulsiones fueron arrestados y condenados, por el momento, a 12 días de prisión.
Ese día, los geólogos, acompañados de ordenanzas de justicia, se presentaron sin aviso, en la entrada de la casa de la mujer del líder del movimiento local contra las expulsiones, Dmitri Drofichev. Y comenzaron a rodear el perímetro de la propiedad. Pronto, muchas centenas de vecinos y militantes se reunieron para impedirles el acceso a la propiedad privada. Se produjeron riñas que sirvieron de pretexto para el arresto de tres militantes, entre ellos Dmitri Drofichev quien, tuvo derecho a 15 días de cárcel. Fueron acusados de haber amenazado a los representantes del orden. Los habitantes denuncian, en cuanto a ellos, la violencia de las fuerzas de orden que llegaron de refuerzo, quienes utilizaron gas y porras para dispersar a la multitud.
Considerando que los juicios no fueron públicos y que los inculpados fueron aislados de todo contacto exterior, es difícil conocer la verdad de esta historia. Corren rumores según los cuales las autoridades buscarían activar un proceso penal para obtener penas de prisión más largas. La familia de Dmitri Drofichev está aterrorizada. Los abogados, por razones oscuras, rehúsan uno tras otro encargarse del caso. La población local se esconde en sus tierras.
Tres asociaciones ecologistas regionales, en una carta abierta, se dirigieron a los poderes federales y regionales, así como a la ONU y al Comité Olímpico, para solicitar que terminen las represiones hacia los habitantes de Imeretinski. En su mensaje, los militantes ecologistas denuncian la ausencia de fundamento de la pena: « Los habitantes no han amenazado a los representantes del poder, ellos han ejercido su derecho a la desobediencia civil contra procedimientos conducentes a su expulsión forzada. Este acto, justo y fundado, no debe ser motivo de represión puesto que él ha sido provocado por las falsas promesas hechas en 2007 por el Gobernador de la Región y Ex Alcalde de Sochi, según las cuales no habría expulsiones forzadas ».
Y el comunicado concluye con estas palabras: « ¡Primero la gente, luego las Olimpiadas, y no a la inversa! ».
Carine Clément
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